Migración y lucha de clases

La crisis migratoria en el norte de Chile ha vuelto a estar en la palestra tras una serie de incidentes ocurridos en la zona, específicamente en la ciudad de Iquique y recientemente en Antofagasta; donde se han visto, en los últimos meses, situaciones como asesinatos, agresiones, secuestros, microtráfico y tráfico de personas, lo que ha decantado en un escenario de conflicto y movilizaciones, conducidas principalmente por sectores reaccionarios, que han aprovechado el escenario y la creciente indignación en importantes porciones del pueblo para dirigir sus dardos directamente hacia los migrantes, fortaleciendo un discurso nacionalista que esconde por un lado, la ausencia de conciencia de clase de los sectores populares y por otro, el descontento de las masas por las precarias condiciones de vida que atraviesan las regiones del norte, a contraposición de la expansión y fortalecimiento de la industria dedicada a la explotación de la tierra y extracción de materias primas y que ha permitido maximizar las ganancias de la gran burguesía minera. Esto sin lugar a duda, ha sido funcional al posicionamiento de los sectores denominados fascistas y que en búsqueda de apoyo social han logrado instalarse como alternativa política a la crisis, lo que se visibilizó en la alta votación alcanzada por Kast en las elecciones presidenciales en esta zona.

Analizar esta coyuntura responde por tanto a una necesidad de estudiar el estado actual de la lucha de clases, como también identificar los actores sociales que se ven involucrados en el conflicto, así como las fuerzas políticas y los sectores de la burguesía que buscan sacar réditos de este.

La composición de clase de las movilizaciones

Durante el domingo 30 de enero se llevó a cabo una manifestación por las calles de Iquique, en la que distintas expresiones -tanto populares como reaccionarias- confluyeron en una consigna contra la delincuencia y la migración. Dentro de este amplio movimiento fue posible observar elementos fascistas -como el Movimiento Social Patriota- otros de carácter popular -pobladores de caletas- y también sectores empresariales -gremios de la Zona Franca de Iquique, de Camioneros y comerciantes locales.

La mañana del 31 de enero, tras la agudización del conflicto, el gremio de camioneros local cerró las principales rutas que unen Iquique con Alto Hospicio, la entrada a la Zona Franca de Iquique -quienes, además, ya habían tomado la decisión de no abrir durante el día- y la entrada al Aeropuerto de la región. En paralelo, las calles amanecieron tomadas por pobladores de las caletas, quienes llegaron a un acuerdo con las Fuerzas de Orden para permitir el tránsito de vehículos tras intervalos de 15 minutos de cortes de ruta.

Esta movilización, si bien decanta en los días siguientes, alcanza su punto más álgido el 12 de febrero, tras el asesinato de un camionero en la ruta que une Antofagasta e Iquique, lo que derivó en un paro camionero que se extendió por toda la zona, el que fue sumando respaldo durante las jornadas siguientes en distintas regiones, mediante movilizaciones y cortes de rutas de organizaciones gremiales de camioneros.

Ante esto, es evidente reconocer que la movilización ha asumido un carácter interclasista, donde toda esa amalgama de intereses de clase, que responden por cierto, a distintos niveles de conciencia, permite que discursos xenófobos se extiendan entre los sectores populares, orientando las legitimas demandas de seguridad y lucha contra el tráfico de personas y drogas, hacia la proliferación de gérmenes nacionalistas, que recurren a formas de violencia extrema mediante la quema, despojo y destrucción de pertenencias y campamentos de extranjeros, a quienes se les acusa de crear nuevos focos de violencia, prostitución infantil, tráfico de drogas, armas y personas. Este tipo de acontecimientos, en que vecinos y manifestantes cercanos a los campamentos recurren al desalojo de espacios públicos, deja grandes interrogantes, entre las principales ¿De qué manera deben posicionarse los revolucionarios frente a la crisis? ¿Cuál es el verdadero origen de la crisis migratoria? ¿son los migrantes enemigos de clase del pueblo chileno? Así mismo, si los propios vecinos que coexisten y visibilizan estos focos de delincuencia, incurren en el desalojo forzado de estos espacios ¿estamos frente a una práctica nacionalista y carente de conciencia de clase o un ejercicio sincero de la clase trabajadora por recuperar sus espacios? Este tipo de pregunta debiesen esclarecerse en la relación histórica de la clase trabajadora, la migración y el lumpenproletariado.

Lumpenproletariado y la fragmentación de la clase trabajadora

La fase de acumulación actual del capitalismo, se ha ido profundizando desde el retorno a la democracia, sosteniéndose en la tesis de que las relaciones sociales de producción capitalistas -las relaciones asalariadas- deben permear todas aquellas formaciones sociales precapitalistas -principalmente los trabajadores agrícolas, pescadores entre otros- mientras que a su vez las relaciones mercantiles deben atravesar todas las relaciones sociales y los ámbitos de la vida de los sujetos, y avanzar a paso raudo a la maduración completa del capitalismo chileno, maduración indudablemente alcanzada en las últimas décadas. En este sentido, la extensión del trabajo asalariado a través de todo el país ha dado la posibilidad de conformar una amplia clase trabajadora, la cual se encuentra totalmente definida, agrupada principalmente en sectores terciarios de la economía -trabajo improductivo- y con otra considerable porción de trabajadores relacionados al trabajo productivo, enfocados en la economía industrial (minera, agricultora, forestal, pesqueras industriales, manufactura, construcción). A su vez, la burguesía busca la forma de aumentar su tasa de ganancia, mediante la sobre explotación, propiciada por la desregulación laboral, la desarticulación de la organización obrera y la precarización del trabajo, lo que naturalmente conlleva a condiciones de vida paupérrimas en la clase trabajadora, y por ende, deteriorando también las poblaciones y sectores populares de las cuales provienen los trabajadores. Este conjunto de características propias de esta fase de acumulación ha permitido la proliferación en ellas de segmentos nuevos de lumpenproletariado, excluidos del trabajo asalariado, generando un crecimiento del narcotráfico, la prostitución y otras expresiones marginales.

El lumpen como resultado de la precariedad de la vida y del trabajo, la proliferación del trabajo informal, y la cesantía, ha crecido cuantitativamente tanto en la zona norte como en el resto del país, derivando en un indiscutible aumento de la delincuencia, dejando datos desconcertantes para la fiscalía regional de Tarapacá. En ese sentido, los asesinatos han aumentado en un 183% con relación al 2020, el tráfico de drogas en un 42%, el tráfico de migrantes lo ha hecho en la exorbitante cifra de 501%, el porte de arma cortante en un 124% y el robo con violencia en un 18% todo esto, en un contexto en donde el ingreso de inmigrantes a la región ha sido calculado en 51 mil durante el último año, considerando solo los catastrados.

Esta realidad ha provocado una percepción de que el aumento de la migración y la delincuencia están directamente relacionadas, provocando un malestar generalizado en las masas, que adicionalmente, y de cara a la ausencia de conciencia y organización de clase, la carencia de un proyecto político revolucionario que dé cuenta de las preocupaciones y necesidades reales del pueblo trabajador, y la nula comprensión de las dinámicas del gran capital y sus nefastas consecuencias, ha generado una exaltación nacionalista, aprovechado -cada cual según sus intereses-, por la burguesía reaccionaria y progresista, y que invisibiliza e impide reconocer el genuino y justo deseo de la clase trabajadora por enfrentar las consecuencias de la proliferación del lumpenproletariado.

El contexto, y las formas de violencia y fraccionamiento en que se incurre para afrontar el conflicto entre los sectores de la misma clase, situando el problema de la delincuencia como resultado estrictamente del crecimiento de la migración, hacen muy dificultoso comprender y reconocer que la realidad de la clase trabajadora en el norte del país vive uno de sus momentos de mayor degradación material e ideológica, y que esto ha sido aprovechado como bandera de lucha por el pseudo fascismo. Es, por tanto, fundamental comprender que más allá de lo errático de las acciones impulsadas por los sectores populares hay una realidad a la cual se debe responder como revolucionarios, no solo desde la comodidad de la condena, si no desde la importancia y urgencia que significa no permitir que la descomposición ideológica de la clase sea caldo de cultivo para el discurso reaccionario. Es nuestra responsabilidad, en este sentido, dejar ver los verdaderos intereses, que son de clase y no de raza, como los quieren hacer ver progresistas y reaccionarios (los primeros mediante la crítica y condena moral, oportunista, del progresismo a las masas y los segundos, a través del aprovechamiento de la situación que atraviesa la clase para fortalecer su proyecto reaccionario y su discurso nacionalista), y exponer con claridad y fuerza donde se encuentra el verdadero origen de la delincuencia y la precariedad de la vida del pueblo trabajador, develando, por tanto, donde está el verdadero enemigo de clase, y reconociendo, en paralelo, que es legítimo que la clase asuma un combate contra quienes parasitan de esta, tanto burgueses como lumpen, pero que esto no radica en el origen o nacionalidad del sujeto, si no en la posición que asume dentro de la lucha de clases, donde no hay puntos intermedios, o se está con la clase trabajadora o se está contra ella.

La migración como ejercito reserva para el capital y los discursos de la burguesía

Hace ya algunos siglos, Engels postulaba el rol de la migración en el desarrollo del capital sobre las fuerzas productivas, estudiando la situación de la clase trabajadora Irlandesa que se encontraba en Londres, comprendiendo que la revolución industrial daría inicio a una nueva formación social, la clase trabajadora, donde esta no sólo se caracterizaría por su identidad o bandera, sino por el rol dentro del modo de producción capitalista, bajo esta misma premisa Marx plantea que el rol de la desocupación, como una medida de presión que obliga a la clase trabajadora a someterse a la sobreexplotación y condiciones laborales paupérrimas, bajo el discurso de la “inestabilidad laboral” ante la alta presencia de mano de obra barata que conlleva la inmigración, atemoriza a la clase trabajadora, buscando desmoralizar y penetrar ideológicamente en ella, instalando el discurso reaccionario de que “el inmigrante es quién roba el trabajo” y no el capitalista que mediante la apropiación de la plusvalía realmente roba al obrero.

Las formaciones sociales del Chile actual y el problema migrante responde a las necesidades estructurales de la fase de acumulación, donde sumado al rol que cumple la fuerza de trabajo extranjera podemos ver que la explotación es de un carácter transversal, las condiciones laborales no son excepcionales o casuales, sino que se encuentran diseñadas para el desarrollo del capital; la desprotección social y el abandono estatal son la necesidad que requiere el sistema capitalista para su subsistencia.

Si nos adentramos en la lectura de la fuerza de trabajo migrante en Chile, podemos reconocer una alta presencia en el sector terciario de nuestra economía, que son labores de servicios y comercio principalmente, áreas donde la burguesía monopolista amasa su fortuna; por otro lado, de un total de 1.020.540 de trabajadores extranjeros, el 23,3% responde a asalariados privados, mientras que el 67,5% son trabajadores por cuenta propia (considerando honorarios y comercio ambulante). A su vez si se observa la zona norte del país, es fácil reconocer que la mayor fuerza de trabajo migrante está en los mercados que colindan la minería, como logística, transporte, abastecimiento u otros. En este sentido, es sin duda el gran capital el que saca mas provecho del aumento de la fuerza de trabajo en el país, a costa de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo chilena, pero sobre todo extranjera.

En este sentido, la fuerza de trabajo migrante ha cumplido un rol esencial para el aumento de las ganancias de la burguesía, aprovechando la desregulación, la precariedad, la necesidad y la competencia entre los trabajadores para alcanzar un puesto de trabajo. Es por esto por lo que decimos, que el discurso nacionalista que instala la burguesía reaccionaria, así como la condena del progresismo ante las movilizaciones en el norte, en ningún caso dan cuenta, ni responden a la realidad de la clase trabajadora, ni tampoco a las paupérrimas condiciones de vida en que deben subsistir los trabajadores migrantes y sus familias. En ambos casos, el oportunismo se toma la agenda y los discursos públicos, escondiendo cómo, el gran empresariado y el Estado burgués, han sido los grandes responsables de las condiciones en que hoy se encuentra nuestro pueblo, y que reducir el debate al tema de la migración (en falsa defensa o falsa condena), es esconder los verdaderos problemas de la clase.

O acaso, el progresismo que sale en supuesta defensa de la clase trabajadora migrante, ¿alguna vez se ha pronunciado para combatir la pobreza de los guetos y la indigna realidad de las tomas?,¿o para asegurar que tengan acceso a salud o educación dignas? ¿no es acaso una acción de extremo oportunismo defender la inmigración, y no defender y luchar por las condiciones de vida y de trabajo del pueblo chileno y extranjero? O de otra forma, ¿de que sirve defender la inmigración si se defiende a la vez un modelo de sociedad donde el gran capital subsiste a costa de la explotación y precariedad de la clase trabajadora independiente de su nacionalidad?

Por otro lado, el oportunismo de la reacción burguesa, que sale condenando la inmigración, en discursos xenófobos y nacionalistas, omite de forma bastante conveniente que es la misma burguesía la que vive y ha sacado provecho de la crisis migratoria, ¿entonces no es fácil para la reacción salir hablando de crisis migratoria y que “Chile para los chilenos”, cuando es la misma clase a la que representan la que ha propiciado esta crisis para aumentar sus ganancias? ¿Quiénes son los que verdaderamente sacan ventajas de un discurso de odio y confrontación entre porciones de la misma clase, que solo la fragmenta y esconde a los verdaderos responsables de la explotación y la pobreza? ¿Quiénes ganan cuando el abandono del Estado deja a la deriva a porciones del pueblo, excluidos de la posibilidad de acceder a una vida y un trabajo dignos, permitiendo así la proliferación del lumpenproletariado con las desastrosas consecuencias que esto tiene para la realidad de nuestra clase?

La respuesta del gobierno: Estado de excepción y nueva ley migratoria

La situación de movilización y sobre todo el paro de camioneros, forzó al gobierno a actuar con rapidez, decretando el estado de excepción y sacando para su promulgación el nuevo reglamento para la ley de migración, ambas medidas coercitivas que pretenden apaciguar los ánimos de movilización en la zona, pero que en ningún caso resuelven ni afrontan los resultados de la crisis que genera el empobrecimiento y pauperización de la vida de la clase trabajadora chilena y extranjera en la región, como tampoco el total abandono del Estado respecto a aquello.

En la ley 1094 de 1975, estaba tipificado como delito migratorio ingresar al país por un paso no habilitado, implicando esto una expulsión del país, sin embargo, desde abril del año pasado entró en vigencia, la nueva ley 21.325 de migración donde, a perse, entrar por un paso no habilitado no es un crimen. (Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito).

Tras el ascenso de la crisis migratoria, y su peack con el paro de camioneros, el 12 de febrero de este año se promulgó un reglamento especial de migración, el que tiene por objetivo “regular aspectos sobre el ingreso, estadía, residencia y salida del país”.

Como antecedente, podemos apreciar la información que nos entrega el SJM, donde podemos reconocer que desde el año 2018 ha habido una explosión en los ingresos irregulares a nuestro país. Solo entre enero de 2018 y enero de 2021, ha habido más de 35.400 ingresos por pasos clandestinos, lo que representa el 79% del total de las entradas irregulares desde 2010.

También la migración legal en general ha aumentado exponencialmente, incrementando el porcentaje de la población migrante en Chile (respecto a la población total) de un 1,8% el 2010 a un 9,7% para el año 2021.

Ante tal explosión demográfica de extranjeros en Chile, el Estado burgués ha demostrado no solo la inoperancia para responder al tema (lo que por cierto se ha acompañado de los llamados abiertos de Piñera en su momento para recibir venezolanos, en una suerte de mostrarse como “salvador” ante los conflictos en dicho país, donde lo que ha estado de por medio ha sido el oportunismo político de mostrar el modelo chileno como un sistema ejemplar y exitoso, a contraposición del reformismo populista impulsado por Maduro en Venezuela), sino que también ha dejado entrever que la preocupación está puesta estrictamente en los temas burocráticos y no en las condiciones de vida de los migrantes que llegan a Chile, en su mayoría por una migración forzosa dada las condiciones de vida en sus países de origen, buscando el sueño capitalista del “bienestar”, mediante el surgimiento y el ascenso social.

Hoy por hoy, el nuevo reglamento impulsado por el gobierno y el Estado burgués, en la misma línea con las antiguas legislaciones, no muestra ningún interés ni certeza para los migrantes que llegan al país, pues ya sobrepasados por la situación social y el conflicto abierto sobre todo en la zona norte, coloca el foco de mayor importancia en evitar el ingreso a Chile por pasos ilegales, a través de la reconducción, y la expulsión, para lo cual el estado de excepción y el rol de las fuerzas militares es esencial en el control represivo.

La reconducción, por tanto, se pone como un eje crucial para el Estado, donde básicamente mediante la contención militar y policial, se intenta evitar el ingreso de migrantes y se estipula que todo aquel que sea sorprendido transitando por un paso no habilitado puede ser expulsado de forma inmediata a la frontera de origen, así como se acelera el proceso de expulsión de todo aquel que se encuentra de manera irregular en el país.

El resultado es evidente, la agudización de la crisis social se contiene con una medida de fuerza que termina por agudizarla, al exponer a las familias migrantes, a un riesgo extremo de abandono, dejándolos a la deriva ante el hambre, las condiciones climáticas, la trata, abusos y delitos de diversa índole. El Estado de esta manera prolonga su rol de desprotección hacia los sectores populares, y lejos de resolver los problemas que aquejan a las masas populares en el norte, ocultan el verdadero origen de la crisis, con medidas donde una vez más son los sectores más empobrecidos de nuestro pueblo las que pagan las consecuencias.