Durante la mañana de este 1° de junio se realizó la primera cuenta pública del gobierno progresista de Gabriel Boric. Como era de esperarse, más que un balance de estos 3 meses de gobierno, el foco estuvo puesto en los anuncios de proyectos de ley y reformas que en teoría vienen a materializar el programa presentado en la candidatura. Para los revolucionarios, es de gran importancia leer el escenario político actual y situar el discurso entregado por Boric dentro del marco de la estrategia progresista de dominación burguesa, y de los propios conflictos inter burgueses. En esa misma línea, es importante también, identificar la iniciativa que impulsarán los distintos sectores de la clase dominante con el fin de asegurar las bases de la democracia burguesa, en un contexto donde el descontento con el gobierno crece, la estrategia progresista de ampliación democrática fracasa y la posibilidad de conflicto social está latente y en un paulatino crecimiento.
La vertiginosa debacle de la estrategia progresista y el ascenso del oportunismo reaccionario
El primer aspecto que podemos identificar tiene que ver con los recursos discursivos utilizados en la cuenta pública, donde Boric intenta a toda costa vislumbrar la existencia de un amplio apoyo de las masas a su gobierno y al proceso constituyente. Ese entusiasmo y esfuerzo por seguir posicionando la idea de que su gobierno es el gobierno del consenso social con las masas choca de manera frontal con la realidad, donde lejos de tener un soporte social, es evidente el distanciamiento cada vez más agudo que hay entre las expectativas de la clase trabajadora y la dirección política que ha asumido el progresismo en el gobierno. Contrariamente, coyunturas como la de los trabajadores subcontratados de ENAP de la refinería de Hualpén, los obreros de Bocamina en Coronel, las trabajadoras del vivero Arauco, así como el rechazo al quinto retiro, el aumento de los precios generales, y del valor de los préstamos (que encarecen los créditos hipotecarios y de consumo), versus el congelamiento de los salarios, demuestran que las precariedades, las alzas y el abuso patronal siguen calando hondo en la pauperización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, y que lejos de encontrar una salida en este gobierno, son ahogadas e invisibilizadas por el discurso progresista liberal de la Convención Constituyente y el gobierno. No es casualidad por tanto, que la última encuesta de CADEM, posicione la desaprobación del gobierno en un 57%, y que el resultado del plebiscito de salida para el proceso constituyente se vea incierto, producto del crecimiento del “rechazo” como castigo directo al gobierno por no dar respuesta a los problemas que aquejan al pueblo trabajador, y que el oportunismo de los sectores reaccionarios han aprovechado para allanar el camino hacia una estrategia de gobernabilidad de carácter autoritario como salvavidas a la frágil democracia burguesa.
En este sentido, un elemento fundamental del escenario político actual es el estrepitoso fracaso de la estrategia de ampliación democrática del progresismo, que a pesar de todo el show político orquestado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los discursos de dialogo, democracia y consenso, y el variopinto de iniciativas inocuas pero rimbombantes del proceso constituyente, no ha podido sacar al régimen democrático burgués de la profunda crisis en la que se encuentra, crisis marcada, como ya hemos dicho anteriormente, por la contradicción principal que atraviesa el actual periodo de la lucha de clases, entre la aparente re-consolidación de la democracia burguesa, sustentada en la retórica y el mediatismo del discurso del gobierno y los sectores dominantes versus el agotamiento estructural y permanente de esta al interior de las masas trabajadoras, quienes hoy se ven excluidas de dicha “democracia” y por lo tanto excluidas políticamente por quienes dicen representarlas. Así en más, los trabajadores desprovistos de espacios de participación y protagonismo, y de instancias donde tengan cabida sus intereses y necesidades, hoy separan aguas del gobierno progresista y miran con desesperanza y recelo, pero sin más alternativa, a los sectores reaccionarios y su estrategia autoritaria (de corte populista) como posibilidad de alcanzar respuesta a sus demandas y problemáticas cada vez más profundas.
Sobre esto queremos dejar claro, que rechazamos la tesis de ciertos sectores que advierten una suerte de “fascistización” del pueblo, puesto que en ningún caso el posicionamiento de la clase a favor de ciertas posiciones que podemos considerar reaccionarias, corresponden a la adherencia a un proyecto fascista, mas bien es la necesidad de encontrar una respuesta a problemáticas que, abandonadas por el reformismo y el progresismo, generan un descontento que es caldo de cultivo para el oportunismo conservador, pues los miserables “avances”, que se presentan por parte del progresismo como grandes cambios, no convencen a la clase trabajadora de ser mejoras reales.
La situación es que lejos de una explosión radical de las masas, lo que se avizora es un crecimiento en la legitimidad de la alternativa populista y reaccionaria al interior de estas, lo que pone en incertidumbre el plebiscito de salida del proceso constitucional de la burguesía y que advierte una presión social y de los sectores más conservadores para endurecer las posiciones del gobierno respecto a la represión, la seguridad y el orden público, de manera indistinta a como se avance en materia de reformas económicas y políticas.
Finalmente cabe destacar, como otro antecedente para el vertiginoso fracaso de la estrategia progresista, que la supuesta garantía que representaba Boric para alcanzar estabilidad y legitimidad del régimen democrático burgués por su supuesta cercanía y adherencia de los sectores movilizados a su gobierno, mostró ser una farsa, pues quedo al descubierto que el progresismo no tiene ni inserción, ni legitimidad ni mucho menos conducción del movimiento de masas, ni de los sectores mas radicalizados de la sociedad. Es por esto, que para la burguesía se vuelve urgente replantearse la forma de darle soporte a la debilitada democracia burguesa, antes de que esto signifique la apertura a un nuevo ascenso de la movilización social.
Sobre la cuestión del empleo
Uno de los primeros temas a tratar en la cuenta pública fue la cuestión del sueldo mínimo, en donde Boric valoró la aprobación del aumento del mismo a 400 mil pesos, en el marco de un acuerdo entre la CUT y la CPC, es decir entre la principal central de trabajadores y la organización más importante del empresariado. Esta iniciativa, que intenta aparentar un dialogo y consenso con la clase trabajadora, y que muestra a un empresariado comprometido con las reformas que el país necesita, es una pantalla sin sustento ni base social, sobre todo cuando el aumento nominal del salario mínimo es insignificante al lado del incremento sostenido de los precios, y que es incapaz de cubrir la canasta básica de consumo de un hogar. En específico, si nos detenemos a hacer una lectura de la situación salarial, podemos identificar que, si bien el Índice de Remuneraciones Nominales muestra que los salarios, en los últimos 12 meses, han aumentado en un 7,4%, su poder adquisitivo disminuyó en un 1,8%, donde la principal razón ha sido la inflación, que alcanzó un 10,5% acumulado entre abril 2021 y abril 2022.
Después de su autocomplaciente reconocimiento de proyecto de sueldo mínimo, se habló de un proyecto enfocado en la creación de medio millón de empleos, lo que -en teoría- podría recuperar los empleos formales que aún no terminan de recuperarse tras la fase crítica de la pandemia. La especificidad de estos empleos aún no está clara, pero si consideramos la creación de dos nuevos ministerios (Ministerio de Pueblo indígenas y Ministerio de Seguridad Pública) está claro que un importante porcentaje de estos, estarán enfocados en la contratación de operadores políticos de la ex Concertación y el Frente Amplio, y otro grupo enfocados en el anunciado Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario. Mas allá de esto, un tema soslayado por el gobierno en la cuenta pública fue la situación del empleo informal que afecta a un porcentaje cada vez más grande de trabajadores que, excluidos del mercado del trabajo, se ven forzados a dedicarse al cuentapropismo con el importante efecto que esto significa respecto a la precariedad de las condiciones en las que se lleva a cabo dicho trabajo.
Sobre seguridad pública
En términos de seguridad, es importante destacar el anuncio que se hizo de crear el ministerio de Seguridad Social, que irá de la mano con la supuesta reforma a Carabineros, que para efectos concretos no será más que un blanqueamiento y profesionalización de la fuerza pública, donde concretamente se indicó la destinación de dinero para la compra de drones y blindados para la macrozona sur. Todo esto, días después de que la cámara de diputados se pronunciara a favor de la ilegalización de organizaciones mapuches declaradas como terroristas por los partidos políticos del bloque en el poder. Todo esto, habla de un fortalecimiento de los aparatos represivos, junto a la revalidación de sus instituciones principales al interior de las masas, en paralelo al aislamiento de los sectores más radicales que niegan el dialogo con el gobierno y sus instituciones (en conjunto al trabajo de inteligencia en manos del Partido Socialista y Comunista) lo que responde de manera clara a la forma en que se adecua la estrategia contrainsurgente del Estado burgués al actual periodo de la lucha de clases.
Economía en general
Los principales anuncios en términos de economía fueron; la creación de la empresa nacional del litio, una reforma “estructural” al sistema de pensiones, un royalty minero y el anuncio de una reforma tributaria que aún no ha sido presentada de manera formal.
Por parte de la burguesía y los sectores reaccionarios las principales críticas fueron dirigidas a la reforma tributaria. Juan Sutil, presidente de la CPC, al terminar la cuenta pública, mencionó que el impuesto a los superricos no implica mejor recaudación de impuestos, mientras que la bancada de Chile Vamos, aclaró que son medidas que avivan discursos del siglo pasado acerca de la “lucha de clases” mencionando que la reforma no tendrá apoyo si no hay avances claros en contra del impuesto a los patrimonios más altos, lo que significa que las fuerzas políticas de gobierno, ante su posición minoritaria en ambas cámaras, deberán buscar acuerdos amplios, que lo más probable lleven a moderar las reformas económicas presentadas o a negociar en favor de la gran burguesía nacional y transnacional.
Sobre el royalty minero, este anuncio viene a dar una respuesta ante la polémica por la desnacionalización del cobre y el debate en la convención constitucional respecto a los recursos naturales, siendo una forma de generar ingresos nacionales sin poner en riesgo la propiedad privada de estos recursos ni la tasa de ganancia de la gran burguesía asociada a la minería. Mención honrosa es la creación de la empresa nacional del Litio, gran victoria para los sectores reformistas que ven con buenos ojos el aparente desarrollo nacional en el marco del orden burgués, a pesar de que el gobierno ya planteó hace solo un par de días que la estrategia para la extracción y procesamiento del litio se haría en un trabajo conjunto con el empresariado, pues no hay capacidad estatal para hacerse cargo de tal proceso.
Respecto al anuncio de la reforma “estructural” al sistema de pensiones, nuevamente se puede evidenciar la ambigüedad en la forma que adoptará, ya que solo se aseguró que la propiedad de los fondos previsionales es de los trabajadores, aclarando la inexpropiabilidad de los mismos.
Mas allá de los grandes titulares acá expresados, es importante destacar que la cuenta pública es un termómetro para medir el posicionamiento del progresismo y la forma en que apuesta llevar a la práctica su estrategia de gobernabilidad. En este sentido, podemos destacar la relevancia que tiene para el gobierno el consenso respecto a las reformas planteadas con el gran empresariado, entregando garantías para no alterar la confianza alcanzada, a su vez, la materialización de las reivindicaciones levantadas por los sectores medios, en conjunto con el fortalecimiento del relato progresista en clave feminista y multicultural, el abandono e invisibilización de los problemas que mas aquejan a la clase trabajadora, una apuesta de “progreso” con enfoque discursivo en el desarrollo nacional, y finalmente un fortalecimiento de los métodos contrainsurgentes, la inteligencia y la represión selectiva, aspecto esencial para sostener el discurso del diálogo y consenso burgués.