Algunas reflexiones en torno a la huelga de trabajadores de la Minera Florida de Alhué

Casi 20 días de movilizaciones llevan los poco más de 690 trabajadores aglutinados en 2 de los 3 sindicatos inmersos en la empresa minera Florida Alhué, en el marco de la huelga legal, que se levantó como forma de presión ante las nulas respuestas de la empresa a las exigencias presentadas por los trabajadores.

 Las reivindicaciones económicas levantadas en el actual proceso de negociación colectiva abordan la exigencia de un reajuste salarial del 6%, mejora de los bonos, beneficios, un BTN de 15 millones y un préstamo blando por 2 millones. Adicionalmente, se exige el pago de montos adeudados a los trabajadores y mejoras en la seguridad, punto crítico que no ha sido abordado por la empresa.

Estas demandas comentan los trabajadores, son respuesta a los altos valores de compra/venta que hoy adquiere el Oro en el mercado mundial (principal materia de más alto valor producida por la empresa), donde la onza (28,35g) se encuentra valuada cerca de los $1.800 USD (1.557.756 CLP), y por consiguiente a la alta tasa de ganancia que alcanza la minera, la que claramente, no se ve reflejada en las condiciones laborales y económicas de los trabajadores.

 

La institucionalidad burguesa y su rol en el conflicto

 El inicio de la movilización por parte de los trabajadores se sustentó en la crítica y la molestia generada por la precariedad laboral, los problemas de seguridad y las bajas remuneraciones, a contrapelo de los altos ingresos de la minera, y el aumento de la producción que experimentaba la empresa hace ya un largo tiempo. Esto marcó un conflicto directo con los intereses de los capitalistas, y a pesar del carácter reivindicativo de las demandas, el descontento y el cansancio contenidos, han permitido movilizar, radicalizar y develar los conflictos con los empresarios, permitiendo así el desarrollo de ciertos niveles de conciencia de clase en los trabajadores. Esta fase de la movilización expresa de forma manifiesta los intereses en juego y cómo los actores en disputa se posicionan en defensa de ellos, llegando a madurar cualitativamente al calor de la relación dialéctica que los involucra; donde la movilización, por un lado, fortalece y cohesiona a los trabajadores, mientras que la minera utiliza todos los métodos a su alcance para desmovilizar y desarticular, cooptando a las dirigencias y buscando aislar a las masas movilizadas. Sin embargo, este intento no rinde frutos.

Avanzada la movilización, la empresa decide convocar a los organismos de la institucionalidad expresada en la Inspección del trabajo, buscando la mediación en el conflicto, extraño por decir lo menos, si en la práctica no ha habido interés alguno por dar respuesta a las demandas de los trabajadores. En este contexto, el marco institucional burgués, que opera como mediador, no tiene otro objetivo que dilatar, desmovilizar y coartar las medidas empleadas por los trabajadores en el conflicto, institucionalizando las demandas y desarrollando el conflicto en un terreno favorable para el capital, evitando que el sistema de explotación y la contradicción capital/trabajo quede en evidencia fuera de la institucionalidad, y desde ahí desborde las normas que la misma burguesía ha puesto para delimitar el campo de acción “aceptable” por parte de los trabajadores.

 Sin embargo, a pesar de la iniciativa de la burguesía, los intentos por mediar en el conflicto fracasaron y llevaron a la empresa a tomar una ofensiva mayor. La empresa, obligada por las regulaciones de la negociación colectiva presentó una propuesta que contemplaba algunas peticiones superficiales, pero los trabajadores destacaron que eliminaba acuerdos establecidos en negociaciones anteriores, ante lo cual, la respuesta no se hizo esperar y los trabajadores desafiaron las medidas adoptadas por el empresariado y dieron paso a la radicalización del conflicto, la protesta dentro de los márgenes institucionales fueron sobrepasados, abriendo paso a un conflicto más elevado, y con ello un espacio para el ejercicio de la democracia popular y la autodefensa de masas.

 Ya habiendo sobrepasado los márgenes de la legalidad, la burguesía y su institucionalidad descartan seguir con una táctica de cooptación y optan por desplegar sus métodos de coerción, mediante la represión continua, y que, tras dos semanas de movilización, llega a sus mayores niveles el miércoles 22 de diciembre, donde trabajadores acusaron disparos de perdigones y uso de armas químicas por parte de los aparatos represivos. Estos intentos de desmovilizar a los trabajadores, por un lado, si bien pueden generar un desgaste considerable tanto moral como físicamente, abren una oportunidad para fortalecer la conciencia de los trabajadores, entregando mayores experiencias sobre cómo la burguesía emplea sus métodos e instituciones para defender sus intereses a toda costa.

 Actualmente, el escenario apuesta por agudizarse aun más, ya que el 28 de diciembre el sindicato votó de manera casi unánime en contra de la última propuesta presentada por la empresa, lo que proyecta un escenario de radicalización aun mayor, y expresa la determinación de los trabajadores para avanzar mediante la lucha en las conquistas de sus demandas.

 

La empresa Minera Florida de Alhué

 Esta empresa minera multinacional, pertenece a un consorcio de origen canadiense YAMANA GOLD encabezada por su dueño Peter Marrone, se presenta como una de las mayores firmas en el monopolio minero ligado a la producción de extracción y limpieza de metales nobles en los últimos 20 años, su hegemonía se centra principalmente en Sudamérica, contando con su presencia en países como Argentina, Brasil, Chile y Perú.

 El desarrollo de este gigante minero, se consolida en nuestro país principalmente con las medidas tributarias como el “royalty minero” o la profundización de la tercerización mediante la subcontratación, desarrolladas por los gobiernos de la ex concertación, que fomentaron la inversión extranjera directa en diversas áreas de la economía, pero que en la minería garantizaba bajos impuestos y retribuciones al fisco, por la explotación de yacimientos en territorio nacional, sumado a una fuerte mano de obra precarizada; un ambiente óptimo para la acumulación de riquezas a bajo costo para los capitalistas extranjeros y también nacionales.

 La importancia con que se posicionan estas empresas en el rubro productivo es altísima, la actividad minera en nuestro país produce grandes riquezas, debemos considerar que la minería corresponde a alrededor de un 60% de las exportaciones, a pesar de ser uno de los sectores que menos fuerza de trabajo concentra, en comparación a otros rubros como la construcción o los servicios, que también se posicionan como uno de los pilares con mayor aporte al PIB.

El historial de conflictos laborales de la empresa no es algo nuevo en nuestro país, el año 2011 en el mes de noviembre, se realizó una huelga, pero no sólo constaba de reivindicaciones económicas, sino que esta también incluía mejoras en las condiciones laborales y de seguridad en las faenas. El calibre de esa movilización fue de menor grado, con un aproximado de 436 trabajadores, donde el conflicto fue minimizado por los medios, y culminó con despidos injustificados y una reestructuración productiva. La crisis Subprime del 2008 llevó a muchos especuladores a acumular reservas de diversos tipos (petróleo, trigo, harina, etc.), donde el oro no fue la excepción, desde ahí las ganancias del grupo minero vivieron una considerable alza que solapadamente evitó el pago de mayores impuestos, cabe recalcar que el marco jurídico favorece la evasión de impuestos, por ejemplo con actos de caridad y beneficencia, la fundación Yamana, que utiliza el mismo nombre del conglomerado canadiense, ha otorgando becas PIE a estudiantes de 5 escuelas en la comuna de Alhué, en su objetivo por disminuir considerablemente el pago de impuestos al fisco en una aparente intención de “colaborar con la comunidad donde están insertos”.

 Paralelo al conflicto actual, trabajadores denuncian que una empresa externa a la minera, la cual presta servicio a Minera Florida en calidad de contratistas, ha obligado a trabajadores externalizados a pernoctar en espacios de uso común como el casino, denunciando que la mina no cuenta con servicios adecuados para someter a los trabajadores a tal trato. Esto deja en evidencia que el aumento de la productividad y las ganancias de la empresa, se han alcanzado a costa de los trabajadores, donde la subcontratación, la precariedad en las condiciones de trabajo, el aumento de las jornadas laborales, y los despidos han propiciado un escenario claro de superexplotación.

 

Tecnocracia, la ciencia al servicio del capital

 Luego de esa movilización el año 2011, la empresa renovó su estructura productiva, utilizando mecanismos de alta tecnología, tales como el proceso metalúrgico Merrill-Crow, que eleva el rendimiento en la obtención de metales nobles, sumado a un retratamiento de los relaves, pudiendo recuperar los solventes utilizados en la limpieza de los metales. Medidas como estas son las que los sectores progresistas intentan impulsar en la actividad minera, que solapadas en un discurso “ecologista” no buscan más que el aumento de productividad en beneficio de la burguesía minera.

La ciencia hoy refuerza cada vez más el esfuerzo de la burguesía por alcanzar la independencia productiva del capital en relación con la fuerza productiva. El desarrollo tecnológico en las tareas de fundición ha avanzado a tal grado, que ha reemplazado en muchos casos la implementación de mano de obra por maquinaria automatizada, siendo menos riesgoso para el capitalista, puesto que la maquinaria automatizada garantiza que ante una eventual movilización la cadena productiva no sea interrumpida de manera completa, y por otro lado, permite sostener mayor tiempo de productividad sin necesidad de un descanso o turnos rotativos en comparación con el sistema de empleo no automatizado.